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Sumario nº 68
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PEDRO J. LINARES*
Hace casi 20 años que la práctica de la vigilancia de la salud se legisló como una herramienta para la prevención de riesgos laborales con la misión de impulsar el cambio desde el reconocimiento médico inespecífico a un nuevo sistema en el que la vigilancia de la salud, además de proteger a los trabajadores de los riesgos del trabajo mediante la identificación precoz de daños y el consejo especializado, provee información adaptada a las necesidades del sistema de gestión preventivo. En este tiempo no se han desarrollado estudios que valoren en qué medida esta actividad es adecuada a los principios preventivos, se realiza con garantías de calidad o respeta los derechos de los trabajadores.

Teniendo en cuenta que los servicios de prevención facturaron por el concepto de vigilancia de la salud como mínimo unos 440 millones de euros en 2014, si atendemos a los cálculos que se derivan de la última Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, la actividad, al menos en torno a los reconocimientos médicos, constituye una fuente de financiación interesante para estas entidades. Asistimos, además, en los últimos años a una ofensiva de las mismas para incrementar sus ingresos, forzando el recurso a considerar como obligatorios los reconocimientos médicos para colectivos amplios de trabajadores. Este hecho contrasta llamativamente con la escasa actividad preventiva que promueven y los contados casos de enfermedades profesionales que identifican. Más actividad, más coste, pero menos relevancia para la prevención.

Los trabajadores, en general, no perciben que los reconocimientos médicos estén orientados a los problemas reales de salud que consideran relacionados con el trabajo y no entienden que, sin embargo, se centren en aspectos individuales relacionados con sus hábitos personales. Ligado con las cuestiones de obligatoriedad, pero constituyendo un problema en sí mismo, nos enfrentamos a las cuestiones de “aptitud” con los riesgos que generan para el empleo. La poca promoción de los cambios en las condiciones de trabajo para adaptarlas a las condiciones de salud de los trabajadores, junto con la ausencia de criterios de aptitud claros, homogéneos y coordinados con el Instituto Nacional de la Seguridad Social o los médicos de atención primaria, determinan con demasiada frecuencia que los trabajadores sean considerados no aptos para el médico del trabajo, mientras que no son susceptibles de optar a una incapacidad temporal o permanente con otros criterios médicos.

Estos y otros problemas se describen con más detalle en las páginas de este Dossier, con la intención de promover un debate respecto a las necesidades más acuciantes y promover actuaciones que mejoren la situación.

*Pedro Linares, secretario confederal de Salud Laboral de CCOO

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Comentarios introducidos
1 | Manuel Gálvez | 30/03/2015 12:57:31
Es indudable que gran parte del contenido del artículo expresa de forma concisa un problema muy importante, no sólo de la Vigilancia de la Salud, sino de la Prevención de Riesgos Laborales en general. Sin embargo echo en falta que se mencione el obstinado incumplimiento por parte de los servicios de prevención de los ratios de trabajo estipulados en el RD 843/2011, habiendo realizado además una tergiversación de los mismos desde las patronales, duplicando el número de trabajadores a proteger por cada UBS. Además, aunque en dicho decreto se establece que al menos el 30% de la jornada de los sanitarios debe dedicarse a la Vigilancia de la Salud Colectiva, en la inmensa mayoría de los casos esta actividad sólo puede hacerse de forma residual o aportando el médico de su tiempo libre el esfuerzo necesario para llevarla a cabo. Tampoco hay que olvidar mencionar que aunque los médicos de los servicios de prevención deriven a trabajadores a las mutuas con sospechas de enfermedades profesionales, estas tratan a toda costa de evitar la calificación de las mismas, en cuanto les supone un importante coste económico. Muchos profesionales de la Medicina del trabajo hemos intentado transmitir a los SPA la necesidad de facturar por trabajador protegido y no por reconocimiento realizado ya que esa es la vía que estamos recorriendo ahora, tratando de argumentar obligatoriedad a la mayoría de los puestos y realizando una ingente cantidad de los mismos (más de 4.000 reconocimientos año en muchos casos) que impide una verdadera influencia de la Vigilancia de la Salud sobre la salud laboral. No hay que olvidar tampoco que los SPA, como entidades consultoras, sólo pueden aconsejar medidas preventivas y es el empresario el encargado de ponerlas en marcha y el trabajador el encargado de utilizarlas correctamente, ya sean equipos de protección, modificaciones de las características del trabajo o cualquier otra medida propuesta. De poco sirve todo lo que se pueda proponer si no hay un interés por parte de las partes afectadas de llevarlos a cabo. En resumen, todos debemos implicarnos a conciencia en las diferentes actividades preventivas y todos (patronales, sindicatos, empresas, trabajadores, servicios de prevención y profesionales de los mismos) debemos impulsar una mejora de las condiciones de trabajo en vez de tratar la Prevención de Riesgos Laborales como un seguro impuesto por la Administración. Un saludo. Manuel Gálvez Godoy. Especialista en Medicina del Trabajo.