 |  |  |  |  |  |  |
Aunque les cueste creerlo hay pruebas de vida inteligente en el ámbito de la política gubernamental. Gobiernos de allende nuestras fronteras antes de tomar decisiones se preguntan cuáles serán sus consecuencias. Incluso promueven investigaciones para tratar de encontrar respuestas.
Entre estas consecuencias potenciales, preocupan cada vez más los impactos sobre la salud pública de decisiones políticas tradicionalmente consideradas ajenas a la sanidad, pero que inciden en los determinantes sociales de la salud de la población.
En Suecia, por ejemplo, se estimaba en 2003 que más de un tercio de todas las investigaciones gubernamentales en departamentos tan variados como Industria, Empleo, Agricultura, Economía o Comunicación, incluían este tipo de evaluaciones sobre la salud de la población. Más recientemente, este mismo año, se ha publicado un estudio sobre el previsible impacto sanitario de los Juegos de la Commonwealth a celebrar en 2014 en la ciudad de Glasgow (Escocia). O sea que alguien se han preocupado –y con antelación, para más inri- por las consecuencias sobre la salud general de un gran evento deportivo. Ni más ni menos
La lógica de estas evaluaciones es elemental. Se trata en primer lugar de preguntarse qué impacto va a tener una determinada decisión política en los factores que influyen en la salud (bienestar, nutrición, ingresos, educación, seguridad, trabajo, hábitos, etc.) para, a continuación, responder la pregunta del millón ¿cómo afectará todo esto a la salud de la gente y qué grupos de población podrán verse perjudicados? Predecir así las posibles consecuencias de la acción política sobre la salud de la población acrecienta la sensibilidad hacia la prevención de los propios responsables políticos y les permite tomar decisiones bien informadas en favor de la salud pública.
No es por nada, pero supongamos –sólo un suponer- que esta filosofía traspasa los Pirineos hacia el sur y ponemos a investigadores de este lado del Mediterráneo a buscar respuestas a preguntas como ¿qué impacto puede tener en la salud de los trabajadores el abaratamiento del despido? ¿y el retraso en la edad de jubilación? ¿mejorará o empeorará la salud de los trabajadores que los sindicatos pierdan capacidad de negociación?
Tal vez las respuestas fueran interesantes. Si, además, llegaran a condicionar las decisiones políticas, ya sería la pera.
 imprimir enviar a un compañero/a comentar el artículo |
|
