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JAIME GONZÁLEZ Y JAVIER TORRES, coordinador de mutuas y protección social de CCOO y adjunto a la Secretaria de Salud Laboral, respectivamente.
La competencia entre mutuas nunca ha tenido sentido y ha contribuido gravemente a deformar su funcionamiento. Una circular de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social trata de ponerle coto y recuerda la obligación de presentar un informe valorativo del Comité de Empresa o de los delegados de personal junto a la solicitud de cambio de mutua.
Cambiar de mutua ha sido siempre una decisión tomada por la empresa, o por los llamados “colaboradores” (comerciales y gestores administrativos), al margen de los trabajadores y sin tener en cuenta su satisfacción como usuarios respecto a la calidad del servicio y de la atención que reciben. En demasiadas ocasiones, el cambio de mutua no es sino el resultado de corruptelas y otras ilegalidades –piadosamente denominadas extornos– que han venido generando serias malformaciones del sistema y que perjudican gravemente el funcionamiento, la imagen, la solvencia y la seriedad de unas instituciones que son pieza clave en el sistema de Seguridad Social de nuestro país.
Ahora, una Circular de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social destinada a los Presidentes de las mutuas intenta frenar esta situación advirtiendo de la obligación legal de presentar un informe valorativo del Comité de Empresa o de los delegados de personal junto a lo solicitud de cambio de mutua. La circular señala con claridad que quedarán sin efecto alguno las comunicaciones de cambio de mutua que no cumplan con los requisitos señalados.
Es un paso, insuficiente aún, en la dirección correcta: limitar primero y acabar después con la competencia entre mutuas, estableciendo condiciones y criterios claros para justificar el cambio de mutua, y siempre contando con la opinión determinante de quienes reciben sus servicios y prestaciones, que no son otros que los trabajadores y trabajadoras. Ellos saben mejor que nadie cómo y en qué condiciones de calidad son atendidos por las mutuas y, por tanto, son los únicos que pueden, justificadamente, solicitar el cambio.
La reforma y democratización de las mutuas es un proceso que tiene múltiples estaciones. En los últimos años algo de camino se ha recorrido, pero de manera excesivamente lenta y con demasiadas ambigüedades y contradicciones. La creación de las Corporaciones, la reducción en el número de mutuas existentes, las dificultades económicas por las que pasan la mayor parte de las Sociedades de Prevención de las mutuas, las irregularidades e ilegalidades cometidas a lo largo de los años, cuya máxima expresión es el proceso judicial en marcha contra los antiguos directivos de Mutua Universal, y las destituciones y cambios producidos en la dirección de algunas de las mutuas más importantes del país, muestran la necesidad, a la vez que la oportunidad, de avanzar de manera más decidida hacia una reforma en profundidad del sector.
El Gobierno ha dado pasos para controlar más y mejor la gestión económica de
las mutuas, pero por el contrario, se mueve muy tímidamente en todo lo que tiene
que ver con la calidad de los servicios y prestaciones que ofrecen a los
trabajadores y trabajadoras y la participación de éstos en su funcionamiento y
gestión. Ejemplos, desgraciadamente, sobran: resistencia al reconocimiento y
notificación de enfermedades profesionales; baja calidad de las actividades
preventivas; altas médicas prematuras y un sin fin de problemas que los
trabajadores conocen bien porque los sufren cotidianamente. La nueva circular de
la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social es una oportunidad
para extremar la atención y el control por parte de los trabajadores y de sus
representantes sobre la mutua, los servicios y prestaciones que ofrece y la
calidad con la que se nos atiende. Es un pequeño paso en la democratización y se
trata de utilizarlo en toda su potencialidad para que seamos tenidos en cuenta
como lo que realmente somos: destinatarios y usuarios del sistema.
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